Empleados de Hogar Crea defienden su metodología de rehabilitación

Los codemandados son los autores de una investigación que describe como abusivas las prácticas en algunos centros de tratamiento

La demanda por libelo, calumnia y difamación fue presentada por la institución contra Intercambios Puerto Rico y los investigadores Rafael Torruella y Débora Upegui-Hernández. (Gerald López/GFR Media) (Gerald López Cepero)

Dos empleados de Hogar CREA declararon hoy, viernes, en corte con la intención de rebatir los testimonios sobre supuestas violaciones de derechos humanos y civiles a participantes de sus programas de rehabilitación que aparecen en el informe “Humillación y abusos en centros de ‘tratamiento’ para uso de drogas en Puerto Rico”, publicado por la organización de base comunitaria Intercambios Puerto Rico.

Los también exparticipantes de los programas de CREA son los primeros en testificar en el caso que ve el juez Ángel R. Pagán Ocasio, en el Centro Tribunal de San Juan, sobre una demanda por libelo, calumnia y difamación que presentó la institución contra Intercambios PR y los investigadores Rafael Torruella y Débora Upegui-Hernández.

Los codemandados son los autores de la investigación que describe como abusivas y carentes de base científica las prácticas en algunos centros residenciales de tratamiento, entre los que se menciona a la organización demandante, así como a otras entidades cristianas que trabajan con poblaciones de adictos.

Ambos testigos negaron haber experimentado o presenciado algún trato humillante en la llamada terapia de confrontación descrita en el folleto, en la que supuestamente los participantes se dedican a insultar y a referirse de manera negativa hacia otros residentes. Mas reconocieron que no tienen manera de comprobar que las citas contenidas en el documento no sean las que los 10 entrevistados ofrecieron a los académicos como parte de la investigación.

El primero en subir al estrado fue el oficial de enlace de Hogar Crea en Humacao, Pedro Burgos, quien se encarga de evaluar los casos por drogas bajo consideración del tribunal y orientar a los acusados sobre los servicios de la institución.

Burgos indicó que vio en internet el documento que es eje de esta controversia el 19 de mayo de 2015, así como el anuncio de una conferencia sobre el tema que se celebraría en el recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. El testigo contó que acudió a la actividad y escuchó a la codemandada Upegui-Hernández explicar que en la terapia de confrontación que se realiza en CREA a los participantes se les tilda de “tecatos y puercos”.

“Yo pasé por el tratamiento y nunca he visto ese trato como lo estaba expresando ella”, señaló. “Me sentí humillado, indignado y decía: ‘¡Wow!, de dónde se sacaron esto. Es mentira’”, agregó a preguntas del abogado de la parte demandante, Yuri J. Valenzuela.

El contrainterrogatorio estuvo a cargo de los abogados de Intercambios PR, de Torruella y de Upegui-Hernández, Francisco Ortiz Santini, José Juan Nazario y Luis José Torres Asencio.

Ante sus cuestionamientos, el testigo reconoció que solo fue residente de los centros de CREA en Juncos y Naguabo, que no estuvo presente en las entrevistas que se reseñan en el informe y que no tiene manera de demostrarle al tribunal que lo que el documentocontiene no sea una transcripción fiel y exacta de las entrevistas conducidas por los investigadores.

El segundo testigo fue William Concepción Crespo, quien ingresó al programa de rehabilitación en 1976, se “re-educó” y actualmente trabaja con la organización como monitor de Servicios de Tratamiento.

Concepción Crespo defendió en sala la comunidad terapéutica que se crea en los distintos centros para apoyar la reeducación de los adictos, aunque dijo que no se les requiere preparación académica a las personas que ofrecen tratamiento y que cuentan con apenas dos o tres trabajadores sociales clínicos por distrito. Cada distrito tiene entre ocho y 10 centros de tratamiento, según promedió el funcionario.

El monitor mencionó que tampoco existe supervisión de un especialista en conducta humana en las llamadas terapias de representación y ventas, en las que los participantes van a la calle a vender algunos productos.

El abogado de la Comisión de Derechos Civiles, Jaime Rosa Malavé, cuestionó si a los participantes de esta terapia se les paga Seguro Social o si tienen cobertura del Fondo del Seguro del Estado.

“No es un trabajo. Es una terapia”, respondió Concepción Crespo sobre lo que los investigadores describieron en su informe como “trabajo forzoso” por el que los residentes “no reciben ninguna compensación”.

Otros cinco testigos, incluidos Torruella y Upegui-Hernández, también declararán en el caso, según fueron presentados hoy por las partes.

Figuran, además, como abogados de Torruella y de Upegui-Hernández, Enrique Ramos Santiago, Carlos Meléndez y Mariana Nogales Molinelli.

El juez estableció el viernes, 25 de septiembre como la fecha de continuación de esta vista evidenciaria y expresó que espera concluir el proceso ese día. 

http://www.elnuevodia.com/noticias/tribunales/nota/empleadosdehogarcreadefiendensumetodologiaderehabilitacion-2089636/

Scientists 'delete' HIV virus from human DNA for the first time

Scientists used a DNA-snipping enzyme called Cas9 to cut out the virus

The cell's gene repair machinery then takes over, soldering the loose ends of the genome back together – resulting in a virus-free cell 

Process could also be a cure for other latent infections, researchers say

'It's an exciting discovery, but not ready to go into the clinic,' said Dr Khalili

Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2701304/Scientists-delete-HIV-virus-human-DNA-time.html#ixzz3jrI7wktS
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Once HIV conquers a human cell, it will stay there forever.It inserts its deadly genome permanently into its victims' DNA, forcing them to require medical treatment for the rest of their life.

But now, for the first time, researchers in Philadelphia have found a way to completely delete HIV from human cells by ‘snipping’ them out.

The team of Temple University School of Medicine said the breakthrough marks the first successful attempt to eliminate latent HIV-1 virus from human cells – and could be a cure for other latent infections.

In a study published by the Proceedings of the National Academy of Sciences, Dr Khalili and colleagues detail how they created molecular tools to delete the HIV-1 proviral DNA.This is one important step on the path toward a permanent cure for AIDS,' said Kamel Khalili, PhD, Professor and Chair of the Department of Neuroscience at Temple.

'It's an exciting discovery, but it's not yet ready to go into the clinic. It's a proof of concept that we're moving in the right direction,' he added,

When deployed, a combination of a DNA-snipping enzyme called a nuclease and a targeting strand of RNA called a guide RNA (gRNA) hunt down the viral genome and remove the HIV-1 DNA.

From there, the cell's gene repair machinery takes over, soldering the loose ends of the genome back together – resulting in virus-free cells.

'Since HIV-1 is never cleared by the immune system, removal of the virus is required in order to cure the disease,' explained Dr Khalili.

These molecular tools also hold promise as a therapeutic vaccine; cells armed with the nuclease-RNA combination proved impervious to HIV infection.

Worldwide, more than 33 million people have HIV, including more than 1 million in the United States.

Every year, another 50,000 Americans contract the virus, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

In the UK, around 100,000 people were living with HIV in the UK in 2013. That’s around one person in 665.

Although highly active antiretroviral therapy (Haart) has controlled HIV-1 for infected people in the developed world over the last 15 years, the virus can rage again with any interruption in treatment.

'The low level replication of HIV-1 makes patients more likely to suffer from diseases usually associated with ageing,' Dr Khalili said.

These include cardiomyopathy – a weakening of the heart muscle – bone disease, kidney disease, and neurocognitive disorders.

'These problems are often exacerbated by the toxic drugs that must be taken to control the virus,' Dr Khalili added.

Researchers based the two-part HIV-1 editor on a system that evolved as a bacterial defence mechanism to protect against infection.

Dr Khalili's lab engineered a 20-nucleotide strand of gRNA to target the HIV-1 DNA and paired it with a DNA-sniping enzyme called Cas9 and used to edit the human genome.

'We are working on a number of strategies so we can take the construct into preclinical studies,' Dr Khalili said.

'We want to eradicate every single copy of HIV-1 from the patient. That will cure AIDS. I think this technology is the way we can do it.'

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2701304/Scientists-delete-HIV-virus-human-DNA-time.html#v-3690373565001

ASES en el risco pide mucho más que préstamos ilimitados al Senado

Ely Acevedo Denis

 04/06/2015 04:59 am

Ante el difícil cuadro fiscal de la agencia, el director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera, solicitó al Senado dar paso a varias medidas en adición a aprobar el presupuesto recomendado de $2,823 millones y permitir obtener un financiamiento sin tope, tales como limitar la elegibilidad de empleados públicos al Plan de Salud del Gobierno (PSG) así como el derecho de ciertos municipios a negociar sus aportaciones.

Entre los empleados que ASES excluiría de Mi Salud se encuentran los policías, quienes a cambio podrían optar por los planes ofrecidos bajo la Ley 95 con un aumento en la aportación patronal de $200 mensuales, así como a los trabajadores públicos que no son médico-indigentes. En cuanto a los municipios, excluiría a aquellos que tienen facilidades de salud obtenidas del Gobierno Central.

Otra de las medidas recomendadas es que se enmiende la Ley 72 de 1993 para que se clarifique que el presupuesto base para las aportaciones de los municipios al PSG es la del año 2004-2005.

De acuerdo a Rivera, la cantidad de empleados públicos que se acogen a Mi Salud no llega ni a 1,000 personas, "pero la cantidad de esfuerzo organizacional, de estructura que hay que invertir para hacer eso viable, es idénticamente igual como si se acogieran 100,000 personas. Y para lo que se recibe, no vale la pena invertir tanto dinero en la estructura”.

“Si no tomamos acción, la situación de ASES va a deteriorarse”, sentenció Rivera durante una vista pública de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado. 

El presidente de la Comisión, José Rafael Nadal Power, le aseguró que dicho cuerpo legislativo va a atender de forma rápida el Proyecto de la Cámara 2501. Esta medida permitiría a ASES acceder a un préstamo, emisión de bono o línea de crédito sin el tope de $187 millones dispuesto en la Ley 173 de 2010.

Rivera, explicó a NotiCel que la idea es tener flexibilidad antes de que culmine el proceso de negociación con los inversionistas, quienes le han ofrecido otro tipo de financiamiento por $150 millones en vez de una línea de crédito rotativa. Este financiamiento sería por un año con opción a renovar a una tasa entre 9% a 11%.

De acuerdo a Rivera, aunque esta transacción es distinta a la que habían solicitado a los inversionistas y a la que hasta el pasado marzo estuvieron utilizando a  través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), su objetivo es que dicho financiamiento se estructure internamente como una línea de crédito en la que se depositan los fondos en una cuenta que luego se giran para el pago de las primas.

Abundó que de los $150 millones que se obtengan, $100 millones son para sufragar gastos mensuales y los restantes $50 millones para abonar a la deuda de $200 millones que tiene con los proveedores al 31 de marzo de 2015.

Abordado sobre si cree favorable que la ASES incurra en una obligación por un financiamiento a corto plazo a un interés tan alto, el funcionario manifestó que “obviamente uno aspira a tener el interés más bajo posible Sin embargo, dentro de las circunstancias de todo el ruido y la situación fiscal, el ‘grading’ (clasificación) de nuestros bonos está ya en chatarra, pues un 9% y 11% es bastante bueno dentro de las circunstancias en que vivimos. Si fueran otras, si hiciéramos esa pregunta 3 años atrás, pues eso sería un escándalo, porque años atrás era 7% y 8% lo que el mercado daba”.

Aunque la medida le permitiría obtener un préstamo o emisión de bono a la par de una línea de crédito, Rivera, aseguró que es algo que ve poco probable que ocurra. Pero, indicó que el proyecto “le permite (a la ASES) tener cualquier mecanismo financiero que le ayude en su operación. No necesariamente los dos a la vez, porque acuérdate que esto está altamente atado con las exigencias de los inversionistas y los que te prestan, y ellos siempre van a estar tratando de buscar que sea lo menor posible (la deuda), para ellos garantizar el retorno de lo que ellos te prestaron. Así que yo no creo que dé para las dos cosas”.

Al cuestionarle cuál sería la garantía de repago, Rivera indicó que los inversionistas le han estado pidiendo que sea a través del gobierno federal, algo que “no va a pasar”. Se habló también de que la garantía la dé el BGF, pero el funcionario está intentando negociar otras opciones como, las cuentas por cobrar de la ASES que ascienden entre $120 millones a $130 millones, o propiedades del Gobierno que se puedan poner como colateral.

En otros aspectos, Rivera, sostuvo durante la vista pública  que con el cambio de modelo a uno de organización de manejo de cuidado de la salud, implementado el pasado enero, y con el incremento de beneficios en la cubierta de Mi Salud, los gastos han subido.

Según el funcionario, al negociarse una prima mayor con las cinco aseguradoras, se creó un déficit de unos $115 millones, que se logró eliminar con medidas para contener costos, las auditorias de las aseguradoras, negociando contratos con la industria farmacéutica, entre otras iniciativas.

Sin embargo, dijo que el pasado marzo con la incertidumbre que surgió por la situación fiscal de la ASES, los gastos por utilización médica alcanzaron los $300 millones, lo que representó un alza de unos $80 millones. Esto provocó un déficit de $50 millones para el 30 de junio de 2015.

También en marzo surgió la falta de pago a los proveedores, cuya deuda asciende a $200 millones, de los cuales $121 millones son por reclamaciones a servicios médicos, $29 millones por reclamaciones de las farmacias, $50 millones por los pagos de administración y de prima a Triple S, APS, MC-21 y Abarca.

“Esta deuda se paga poco a poco con el dinero que sobra del pago de la prima (a las aseguradoras)”, al parear los fondos federales con los estatales, apuntó. Para saldar la deuda con los proveedores, sin contar con una línea de crédito u alguna otra opción de financiamiento, Rivera dijo que se demoraría un año.

De otro lado, las cuentas por cobrar ascienden a más de $120 millones, de los cuales $48 millones son deuda de los municipios por las aportaciones patronales, $75 millones son otra deuda de los municipios por las aportaciones establecidas en la Ley Orgánica de la ASES, y $6 millones es la deuda de las agencias por la Ley 70 y los servicios a mujeres embarazadas que dispuso la Orden Ejecutiva 2012-53.

“Si yo no tuviera estas cuentas por cobrar, no estaríamos hablando ni de línea de crédito ni de financiamiento, pues tendría $200 millones”, puntualizó Rivera. 

http://www.noticel.com/noticia/176514/ases-en-el-risco-pide-mucho-mas-que-prestamos-ilimitados-al-senado.html

Embrolle de Salud no permite allegar fondos federales

CyberNews

 03/06/2015 05:18 pm

La secretaria del Departamento de Salud Ana Ríus, defendió el miércoles, la recomendación presupuestaria asignada a la agencia por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el año fiscal 2015-2016 que asciende a 739,134,000 dólares.

Durante la discusión del presupuesto, Ríus alertó, sin embargo, sobre la ausencia del pareo de fondos federales desde el 2011.

La Secretaria explicó que a partir del 2011, Hacienda usó el dinero que antes se destinaba a parear fondos federales para el Departamento de Salud, para cubrir la nómina del Programa de Asistencia Médica, que tiene una oficina en cada municipio y se ocupan de cualificar a los que solicitan entrar al Plan de Salud del Gobierno (PSG).

“Esos 50 Centros 330 se dejan llevar por unas guías de salud donde a cada paciente trimestralmente hay que hacerle un examen físico que incluye una serie de parámetros y ellos le ponen un valor que oscila, en estos momentos, entre los 100 y 130 dólares. La reforma paga entre 20 a 25 dólares por esa visita. La diferencia entre lo que paga la Reforma y lo que cuesta en realidad la visita lo tiene que cubrir el gobierno estatal. Una vez pagado ese dinero a los Centros 330, el gobierno federal nos reembolsa una cantidad pero es mucho más pequeña de lo que estamos pagando y eso es lo que estábamos usando para parear los fondos de Medicare” dijo Ríus en un comunicado de prensa.

La funcionaria admitió que para el próximo año fiscal no hay fondos identificados para parear fondos federales adicionales.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas José Nadal Power, cuestionó hasta qué punto este sistema es sostenible. "Eso es revelador porque tenemos tres estructuras paralelas, está ASES que se supone que trabaje con proveedores privados que incluyen los Centros 330, pero entonces estos centros son subsidiados por el Departamento de Salud y también tenemos la estructura de los Centros de Diagnostico y Tratamiento (CDT)”.

En tanto el presidente del Senado, Eduardo Bhatia recalcó que con la situación económica existente la duplicidad en el gobierno debe culminar.

"Eso se tiene que acabar, no podemos duplicar esfuerzos si no tenemos el dinero y mucho menos triplicar los esfuerzos. Me parece que es terrible. Lo que estamos tratando de buscar precisamente es cómo nosotros al final del día podemos sufragar el presupuesto. Es lo que hablábamos ayer con la Policía municipal y la Policía estatal. No hace sentido seguir cobrándole a los ciudadanos más impuestos por servicios duplicados", declaró Bhatia.

Ríus explicó que en Puerto Rico tenemos “sistema de prestación de servicios y no un sistema de salud”.

La funcionaria planteó que a donde debemos dirigirnos es a crear un mejor sistema de salud donde la salud primaria y de prevención tenga preponderancia. Para ello, hay que trabajar las cuatro condiciones que consumen un 85 por ciento de la prestación de servicios sin considerar la parte mental.

"Ahí es donde está el ahorro, yo cojo la hipertensión, la diabetes, el asma y el sobre peso, si atacamos a nivel primario y le proveemos a esos centros de salud la receta de cocina que llamamos algoritmo, de cómo tratar cada condición, nosotros ahorramos en gastos de medicamentos, visitas innecesarias a salas de emergencias y gastos de hospitalización", dijo Ríus.

El presupuesto del Departamento de Salud, se desglosa de la siguiente manera, 209,093,000 dólares provenientes de fondos estatales, 379,766,000 dólares de fondos federales, 20,973,000 dólares de asignaciones especiales, 12,328,000 dólares de fondos especiales estatales y 116,974,000 dólares de ingresos propios, ésta última puesto que el Departamento de Salud ha aumentado la facturación.

Otro de los deponentes fue el director Ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Irving Jiménez, con un presupuesto recomendado para el 2015-2016 de 228,286,000 dólares. Los recursos incluyen 27,886,000 dólares provenientes de asignaciones especiales y 200,400,000 dólares de ingresos propios, cifra que representa una disminución de $19.5 millones en comparación con el presupuesto actual.

Jiménez aceptó que este año, la ASEM culmina con pérdidas de aproximadamente 50 millones de dólares, cantidad que no contempla deudas de años anteriores. “Desde que se estableció la Reforma de Salud en los años 90, donde ASEM dejó de facturar a las instituciones y a cambio facturar a los planes médicos; la agencia opera bajo un déficit según los estados financieros de aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares anuales”.

A su vez, la licenciada Carmen Graulau Serrano, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), presentó un presupuesto recomendado de 75,899,000 dólares.

Sobre la posible consolidación de ASSMCA con el Departamento de Salud, Graulau indicó que, "(la) fusión debe ser transparente para nuestros pacientes” debido a que la mayor parte de los servicios se ofrecen con fondos federales. Por su parte, Ríus señaló que la consolidación "está en pañales”. “Esto puede ser algo posible, todo cambio, toda fusión puede ser una oportunidad para mejorar. Se esperan economía entre 7 y 11 millones de dólares”, indicó. 

Por otro lado, la directora ejecutiva de Emergencias Médicas, la Dra. Rosana Otaño López, habló sobre el presupuesto recomendado a su agencia que asciende a 35,909,000 dólares, que incluyen 22,680,000 dólares del presupuesto general y 9,814,000 dólares de fondos especiales estatales y 3,415,000 dólares de otros ingresos.

Emergencias Médicas logró una reducción de gastos de 50 por ciento, en su mayoría por el pago de horas extras. Ante preguntas del senador Luis Daniel Rivera Filomeno, Otaño López que en su agencia se hizo “un ejercicio para que las horas extras se eviten, cada cual cubre su turno”. “Para el próximo año continuaremos con el mismo funcionamiento”, puntualizó.

Finalmente, la directora ejecutiva de la Corporación del Centro Cardiovascular, Waleska Crespo, presentó su presupuesto ascendente a 85,875,000 dólares, que proviene totalmente de ingresos propios.

“Para el año 2015-2016 se refleja un aumento de 4 por ciento en gastos de nómina y beneficios marginales porque se está considerando la posible creación de puestos relacionados al desarrollo del Primer Programa de Rehabilitación Cardiovascular en Puerto Rico y un Departamento de Investigación Clínica. Ambas iniciativas son estrategia para generar nuevas fuentes de ingresos para la Corporación” mencionó.

Sobre la necesidad de adquirir un edificio Crespo, informó, aunque era parte del plan estratégico, en estos momentos no tienen identificado ningún posible comprador.

http://www.noticel.com/noticia/176510/embrolle-de-salud-no-permite-allegar-fondos-federales.html

Hogar Crea acepta señalamientos sobre su sistema de tratamiento

Programas de tratamiento a personas con adicción a drogas o alcohol certificados por ASSMCA, operan con licencias expiradas desde antes de 2011. Más del 90% son manejados por entidades sin fines de lucro de base de fe y algunos carecen de base científica. En el caso de Hogar Crea y otros centros religiosos de rehabilitación, el castigo y la humillación son las herramientas principales de ‘tratamiento’, consigna un nuevo estudio. Los dirigentes de Crea no ven fallas en su programa, que incluye confrontación, trabajo sin paga e ingreso bajo coerción.

por JOEL CINTRÓN ARBASETTI | 19 de mayo 2015

Participante de Hogar CREA vende un bizcocho en un semáforo del área metropolitana. Foto del informe 'Humillación y abusos en centros de "tratamiento" para uso de drogas en Puerto Rico'.

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http://periodismoinvestigativo.com/2015/05/hogar-crea-acepta-senalamientos-sobre-su-sistema-de-tratamiento/

At Last, Gold-Standard Evidence Backs Early Treatment of HIV - by Benjamin Ryan

Top Stories : At Last, Gold-Standard Evidence Backs Early Treatment of HIV - by Benjamin Ryan

by Benjamin Ryan

The hotly anticipated START trial, designed to answer whether starting HIV treatment at a high CD4 count is preferable to delaying, has been halted more than a year early due to powerful evidence supporting early treatment.

For the first time, a major clinical trial has found that beginning antiretrovirals (ARVs) soon after HIV diagnosis reduces the risk of sickness and death when compared with delaying treatment until CD4 levels drop considerably. Until now, only substandard research has supported U.S. health officials’ recommendation for immediate and universal HIV treatment.

Anthony S. Fauci, MD, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), which was the primary backer of the study, told reporters in a May 27 teleconference that the study findings mean that people with HIV will benefit from ARVs regardless of their CD4 level.

These health benefits, Fauci said, “are another reason why we should be more aggressive seeking out voluntary [HIV] testing, linking to care and putting people on treatment.”

James D. Neaton, PhD, a professor of biostatistics at the University of Minnesota and the lead investigator of the trial, said in the teleconference that he and his colleagues’ research offers a “comprehensive assessment of benefits and risk” that is not limited simply to AIDS diagnoses. “Early treatment essentially wins on almost every assessment we looked at,” he said.

The study’s findings finally sync up the dual role that antiretrovirals (ARV) have come to play in the fight against HIV: as lifesaving medications for people living with the virus, and as prevention against its transmission. In 2011, data from the HPTN 052 trial demonstrated that treatment lowers HIV-positive people’s chances of passing on the virus by 96 percent. That study was a randomized controlled trial (RCT), considered the gold standard of scientific research. No such high level of proof has existed to support starting HIV treatment early, specifically with CD4s higher than 500; RCT data has only backed starting ARVs once CD4s drop below 350. This deficit of scientific evidence has left some in the HIV community wary that the medical autonomy of people with HIV may be harmfully subverted to the larger public health goal of reducing transmission.

Fauci noted that “there is at least a portion” of HIV medical providers who have been hesitant to prescribe early treatment to their patients because of their concerns over lacking proof that doing so was both beneficial and not harmful. “Those two important questions are answered now,” he said. “I think this will sway a considerable number of people to start [treatment] at any CD4 count.”

A fresh START

Known as the Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment, or START, this new, landmark RCT included 4,685 treatment-naive HIV-positive men and women who began the trial with a CD4 count above 500, no symptoms of the virus, and who were not pregnant or breastfeeding. About half were randomly assigned to begin treatment immediately; the other half were assigned to wait until their CD4s dropped to 350 or below, until they developed AIDS other serious illnesses, or until they met qualifications for starting treatment according to local guidelines, such as by becoming pregnant.

START was conducted by the International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT) and primarily supported by $167 million in funding from the U.S. National Institutes of Health and the NIAID, which is a division of the NIH. The trial began enrollment in 2011 and operated at 215 sites in 35 countries. It was intended to run under its initial protocol until the end of 2016. But the study’s independent data safety monitoring board conducted an interim analysis based on March 2015 data and found that evidence supporting the benefits of early treatment was already very strong. Consequently, the board recommended that everyone in the trial be informed of the results and offered immediate treatment. The participants will still be monitored through 2016.

Twenty-seven percent of the study participants were women. Fifty-five percent of the participants were men who contracted HIV from sex with another man, 38 percent acquired the virus from heterosexual sex, and 1 percent did so from injection drug use. The median age of the study members was 36.


Public health experts believe the study findings are widely applicable to HIV-positive people worldwide, thanks to the international distribution of the study sites. Thirty-three percent of the participants lived in Europe, 25 percent in South America, 21 percent in Africa, 11 percent in North America, 8 percent in Asia and 2 percent in Australia.

The participants began the trial a median of one year after being diagnosed with HIV and with a median CD4 count of 650. The members of the immediate treatment arm went on ARVs at that point. Almost half of the deferred group eventually started treatment, with an average of about 400 CD4s. 


The main reason those in the deferred group started treatment was because they fell below the 350 CD4 threshold. Some developed AIDS-defining illnesses, others became pregnant, and some became nervous when their viral load rose or their CD4 level dropped considerably, although not yet to 350, and asked to start treatment.

The study design did allow for those in the deferred group to go on ARVs whenever they chose, regardless of the reason. Emailing POZ/AIDSmeds, Neaton said that, in an effort to minimize such “deviations from protocol,” the INSIGHT team “encouraged site investigators to adhere to the protocol,” providing them with data on the importance of answering the outstanding question about whether early treatment is ideal. “The investigators in turn routinely discussed this with their study participants,” Neaton said.

The participants were followed for an average of around three years, contributing about 7,000 person-years of follow-up in each group. (Person-years represent the cumulative number of years participants spend in a study. So if 10 people each spend five years in a study and one person spends six, that amounts to 56 person-years.) Those in the immediate treatment arm spent about 95 percent of those person-years taking ARVs, while the deferred group spent a cumulative 25 to 30 percent of the study’s follow-up time on treatment.

Those in the immediate treatment arm experienced 41 instances of AIDS diagnoses, serious non-AIDS illnesses (including a major cardiovascular problem, kidney and liver disease, and cancer) or death by any cause, compared with 86 instances in the deferred group. This meant that immediately starting treatment reduced the risk of such negative outcomes by 53 percent. The risk reduction was even greater for AIDS diagnoses. 


The benefits of early HIV treatment were consistent across the regions of the study and similar between those in low- and middle-income nations when compared to those in high-income nations.

At this time there is no information available detailing any differences in the development of resistance to ARVs between the two study arms. The START trial investigators are aiming to present more comprehensive information on their findings at the International AIDS Conference in Vancouver, Canada, in late July.

In the START teleconference, James Neaton did disclose that the rate of what are known as grade 4 serious adverse events—severe physical symptoms or conditions that are potentially life-threatening—was similar in the two study groups. (These health matters are separate from the AIDS-defining illnesses the researchers took into account when calculating the 53 percent risk reduction. However, there is some overlap with the non-AIDS health problems, such as heart attack, included in that equation.) Clinical trials of medications examine the incidence of grade 4 events in an attempt to determine if the drugs are causing such harmful effects. This was apparently not the case in START, especially given that those in the immediate treatment group cumulatively spent about four times longer on treatment than those in the deferred arm.

One major point that is likely to get lost beneath the enthusiastic global response to the START trial findings is the fact that the health benefits of early treatment, while substantial in terms of the 53 percent reduction of risk, was quite small in terms of absolute numbers, at least during the three-year follow-up period. Three to four percent of the members of the delayed group and about 1.5 percent of those in the immediate treatment arm developed AIDS, a serious non-AIDS illness, or died.

The study also does not answer skeptics’ questions about the cumulative lifetime effect of taking ARVs, and whether those who go on the medications earlier in the course of HIV disease may suffer negative consequences down the road. Such skepticism is clouded, however, by the fact that early treatment with ARVs may amount to only a few extra years tacked onto potential decades on treatment. On the other hand, if treatment protocols change significantly in the relatively near future, or if a cure for HIV is finally developed, those additional years spent on today’s standard treatments may ultimately prove more significant.

Translating exciting findings into reality
World Health Organization (WHO) officials will take START into account when they meet in June to consider a revision to the agency’s HIV treatment guidelines, with the intention of issuing new recommendations later in the year. Since 2013, WHO has advised starting HIV treatment once CD4s drop below 500, while major European guidelines in particular still put the cut-off at 350. The U.S. Department of Health and Human Services recommends beginning ARVs immediately after diagnosis, regardless of CD4 count. However, the U.S. recommendation to start treatment with CD4s above 500 has only been based on “expert opinion.” START will likely alter that critical nuance.

“The question is, how quickly can we translate guidelines into clinical practice and into public health impact?” Mitchell Warren, executive director of the global HIV advocacy group AVAC, said in an interview.

Data indicates that, among HIV-positive Americans, there is a steady trend toward earlier treatment. In 2006, the median CD4 count upon beginning ARVs was about 300, and today it is the low-to-mid-400 range.

Median CD4 counts upon treatment initiation are also apparently rising in sub-Saharan Africa, although unevenly. When ARVs were first introduced in that part of the world in the early 2000s, the median CD4 at treatment start was just 50, and rose to about 150 by 2006 to 2007. In Rwanda, the figure went up from about 180 in 2009 to nearly 300 in 2011 to 2012. In 19 sub-Saharan African nations, the CD4 median for those going on ARVs was greater than 200 in 17 countries and more than 250 in 9 nations, while in two others it topped 300.

A major question in the developing world is whether there are enough resources to offer universal treatment. At this time, the answer appears to be a resounding “no.” Of the estimated 31.8 million adults living with HIV worldwide, only about 38 percent are receiving treatment. The United Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) estimates that reaching targets from rapid HIV treatment scale-up—more than doubling the number of people treated—in low- and lower-middle-income nations will require $18.4 billion in forgeign investment in 2020. Current international funding stands at about $8 billion. Both the Global Fund and the United States’ efforts to provide HIV treatment in poorer nations have seen relative flat funding throughout the decade.

Treatment figures are similarly grim domestically: Out of an estimated 1.2 million HIV-positive Americans, 37 percent are taking ARVs and 30 percent have a fully suppressed viral load.

Tim Horn, HIV project director at Treatment Action Group, noted in an interview that, in the United States, “issues like undiagnosed and untreated mental illness, active substance use, unstable housing, and poor access to support services are frequently cited barriers to both HIV care and treatment.”

Some HIV advocates have expressed concern that enthusiasm over the START trial results could wind up effectively steamrolling some HIV-positive people’s right to choose when to start treatment, and that eager prescribers and public health officials may overlook the byzantine structural challenges standing in the way of universal treatment.

Warren, for one, was quick to stress that people with HIV should be “offered” as opposed to “put on” treatment.

START, according to longtime treatment activist David Barr, “tells us about the biological effects of treatment. But it doesn’t tell us anything about patient readiness. Foisting treatment upon people who are not ready to commit to it is likely to result in poor adherence.”

Joel Gallant, MD, associate medical director of specialty services at Southwest CARE Center in Santa Fe, New Mexico, argued that concerns about overzealous HIV physicians prescribing immediate HIV treatment regardless of patient readiness are “far-fetched.” At least according to his observations of his colleagues’ attitudes and prescribing patterns, the U.S. guidelines’ recommendation of universal treatment has not had such an effect.

“Most HIV clinicians know that [ARV treatment] is rarely an emergency and that treatment can usually be deferred until the patient is ready,” Gallant said.


Editor's note: a previous version of this article misstated the current amount of international funding for HIV treatment in lower- and lower-middle-income nations. The correct figure is an approxmiate $8 billion, rather than $6.3 billion as previously stated.

Nowhere to Turn for Drug Treatment

May 21, 2015   by Roxanne Saucier & Denise Tomasini-Joshi

Two recent pieces on This American Life and WBEZ Chicago revealed a hidden world in our midst—a network of unregistered and unregulated drug treatment centers in cities like Chicago and New York. They cater to drug users from Puerto Rico who are shipped to the United States for treatment—often at the expense of the Puerto Rican government.

Once in the centers, they may have their identification cards confiscated. Instead of actual drug treatment, they often endure physical abuse and no medical support—a particularly troubling problem for those who have other serious medical needs. The reporter found that many people escape the centers only to become homeless and unable to afford to return to Puerto Rico. 

Sadly, as a new report from Intercambios Puerto Rico [in Spanish] makes clear, people who use drugs in Puerto Rico may also face abuse when they go in search of treatment on the island. Though there are methadone and buprenorphine programs in Puerto Rico, they are insufficient to meet the communities’ needs, and while these medicines are the gold standard of treatment for opiate dependence, they are not adequate treatment for people who use cocaine or other stimulants.

A chain called Hogar CREA operates most of the so-called drug treatment centers on the island; others are run by evangelical Christian groups. The Intercambios report reveals the unorthodox methods that these centers use to recruit patients and to “treat” them for their drug addiction.

Hogar CREA, for example, sometimes sends vans around towns to “pick up volunteers.” Other times, drug users are committed by their families. Drug courts are also a major source of new recruits—Intercambios reports that representatives of Hogar CREA show up during drug court hearings and get access to files of potential candidates for treatment. They then pressure families and judges to refer users to their centers.

Through coercion or not, once people are inside these centers in Puerto Rico, they often face serious abuse. Centers, many run by former drug users or pastors—most without medical training—are ill-equipped to deal with the urgent health-related complications of drug withdrawal. “Most people who go there were looking for a refuge, which they never received because all they gave us to deal with the pain was ibuprofen, aspirin; they didn’t give us any medication to deal with the habit [heroin dependence], which is what we were missing,” one man disclosed in the report. “The pain, the diarrhea, the vomit. So I suffer from hypertension, and my blood pressure would increase to the point where I felt my heart was jumping from my [chest] … out of desperation.”

Many centers resort to prayer, verbal abuse, or even physical abuse in the absence of evidence-based treatment. “In all the meetings, you must confront somebody,” a man who’d been in a Hogar CREA center reported. “Confronting means that I have to say something bad about you, even if we have no relationship … they would call you ‘pig,’ ‘filthy,’ ‘animal,’ ‘stupid,’ ‘crackhead,’ many things like that … as if you were worthless, so they can build you up again.” So-called “confrontation therapy sessions” sometimes last through the night, and have not been scientifically proven as an effective form of drug treatment.

Humiliation is also used as punishment, often for violations of an internal code that’s unrelated to drug use. “This is typical at CREA,” one man recalled. “If you are caught masturbating, they ask you to go around holding toilet paper or a sign, and you must approach each visitor and tell them why you are holding that.”

In the Hogar CREA centers, work is also a mainstay of treatment. Participants are forced to engage in “representation and sales therapy,” where they go out onto the street, tell passersby that they are drug addicts, and sell goods for the benefit of the center. “I don’t think CREA is [a rehabilitation center] because it leads you to fall into the same things … begging on the streets … selling stuff, because when you are an addict, you steal stuff and then you sell it. Well, and this treatment makes you go out and sell stuff, to ask for money …. I don’t think this is something that helps us move forward.” Some former residents complained that the centers hold you longer when they want to extract additional work (and income) from you.

Though the Intercambios report looks at Puerto Rico, the Open Society Foundations have received reports of similar abuses in other countries throughout Latin America and the Caribbean. Indeed, such abuses—and the scarcity of evidence-based knowledge and interventions that lead to them—appear to be widespread in private drug treatment centers throughout the world.

It’s time for us to demand better from the drug treatment system. We wouldn’t accept beatings, humiliation, or prayer as treatment for diabetes or heart disease. Why should we accept them for people who want help managing drug dependence?

http://www.opensocietyfoundations.org/voices/nowhere-turn-drug-treatment

Read the complete Intercambios report in Spanish.

El VIH usa una familia de células inmunitarias para propagarse

Científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa en Barcelona comprobaron que una familia de células del sistema inmunitario, las células mieloides, hacen de "caballo de Troya" y ayudan a que el VIH se propague más rápidamente por el organismo.

El estudio, que publica hoy la revista "Retrovirology", abre el camino para buscar nuevos medicamentos antirretrovirales, ya que los actuales no bloquean esta vía de dispersión del virus del Sida.

De hecho, el IrsiCaixa anunció que ya está investigando, entre otras estrategias de erradicación del VIH, un fármaco contra este mecanismo de propagación que podría potenciar los tratamientos clínicos actuales.

El estudio ha demostrado por primera vez que las células mieloides pueden capturar el VIH y, en lugar de iniciar una respuesta inmunitaria adecuada contra él, lo concentran en gran cantidad y lo transmiten entero a su principal diana, los linfocitos T-CD4.

Según informó IrsiCaixa, centro de investigación especializado en VIH impulsado por la entidad bancaria La Caixa y el Gobierno regional de Cataluña (Generalitat), las células mieloides actúan como auténticos "caballos de Troya" y favorecen la rápida expansión del virus por el organismo.

Según los investigadores, en condiciones normales, cuando un patógeno entra en nuestro organismo, las células mieloides ejercen un papel clave en la activación de la respuesta inmunitaria.

Su función consiste en patrullar por el organismo, capturar los agentes infecciosos, degradarlos y obtener algunas de sus moléculas, para luego desplazarse a los nódulos linfáticos, donde unas células se encargan de destruir de manera específica los microbios y las células que ya se han infectado.

El problema del VIH es que se aprovecha de las células mieloides y las convierte en "caballos de Troya" refugiándose dentro, en compartimentos, sin llegar a degradarse del todo, según han descubierto los investigadores.

http://www.noticel.com/noticia/175505/el-vih-usa-una-familia-de-celulas-inmunitarias-para-propagarse.html

Las “Voces de Rhaiza” ayudan a prevenir cánceres asociados al VPH

El testimonio de la joven abogada Rhaiza Vélez conmovió a miles de personas en enero pasado. Al conocer la realidad sobre el virus de papiloma humano (VPH) que ocasionó su cáncer cervical y eventual muerte, su familia decidió continuar su legado con un mensaje de prevención y educación para que cada niño, niña y joven se proteja completando las tres dosis de la vacuna contra el virus causante de varios tipos de cáncer.

La familia Vélez Plumey se unió a la Coalición de Vacunación de Puerto Rico (VOCES) durante el Mes de Educación y Prevención sobre cánceres asociados al Virus del Papiloma Humano, y la campaña “Si hubiera una vacuna que previene el cáncer, ¿se la pondrías a tus hijos?”

Como parte de este mes, el director del Programa de Vacunación del Departamento de Salud, Dr. Ángel Rivera, divulgó una proclama que menciona el mundo con más enfermedades y muertes relacionadas a cánceres asociados con VPH.

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En tres semanas será legal el uso medicinal de la marihuana

Miembros del grupo Red Cannmédica de Puerto Rico, que propone la despenalización del uso medicinal de la marihuana (cannabis), aseguraron el jueves que la secretaria de Salud Ana Ríus está en disposición –una vez se completen unos trámites administrativos mínimos– de firmar una orden declarativa que permitirá el uso medicinal de dicha planta y sus productos derivados por parte de pacientes con enfermedades crónicas y/o degenerativas tan temprano como en las próximas tres semanas.

“En el día de hoy recibimos con mucha alegría de que [la Secretaria de Salud] va a usar el mecanismo de orden declarativa para la reclasificación del cannabis”, señaló Juan Capella Noya, miembro de la Red Cannmédica y uno de los portavoces del grupo, a su salida de una reunión con la funcionaria.

De acuerdo con Ismael Ortiz, otro de los portavoces de la Red, durante la reunión Ríus les informó sobre los requisitos que le imponen las leyes federales y la Ley de Substancias Controladas de Puerto Rico para poder emitir la orden declarativa. Ortiz señaló que la Secretaria aún debe cumplir con unas siete disposiciones, entre las que resaltó identificar al menos nueve estudios de entidades bona-fide sobre los usos terapéuticos del cannabis.

Según el activista, de los nueve estudios Ríus ya ha identificado tres. La Red Cannmédica se comprometió a asistir al Departamento de Salud en esta gestión, y Capella Noya aseguró que entre dos y tres semanas todo debe estar listo para que la Secretaria de Salud firme la orden legalizando el uso medicinal de la marihuana.

“El cannabis es la substancia que más se ha estudiado. No hay fármaco alguno que tenga m´s estudios que se hayan hecho sobre el mismo, que el cannabis. Hay alrededor de unos 20 mil estudios que se han llevado a cabo… Es la planta y la substancia más estudiada en el planeta. Conseguir estudios no es difícil”, aseguró Capella Noya.

Una vez se firme la orden declarativa aquellos pacientes que al momento usan el cannabis para el tratamiento de enfermedades y condiciones crónicas y/o degenerativas –y aquellos que potencialmente pudieran recibir el mismo tratamiento– podrán acudir a un proveedor que oportunamente sea identificado por el estado y obtener el cannabis previa presentación de la correspondiente receta, emitida por un médico autorizado a ejercer la medicina en la isla. Hasta ahora, las personas que usan la marihuana para tratar sus condiciones de salud, la obtienen por sus propios medios y a riesgo personal.

Según Capella Noya, el proceso de receta, distribución, compra y venta del cannabis y cualquier otra substancia legal controlada está regulado por el capítulo 3 de la Ley de Substancias Controladas.

Una vez firmada, la orden declarativa sería la número 32 que se firma autorizando el uso medicinal de fármacos que antes habían sido considerados como ilegal.

La secretaria Ríus no estuvo disponible para recibir a la prensa una vez culminada la reunión con los miembros de la Red Cannmédica.

http://www.metro.pr/locales/en-tres-semanas-sera-legal-el-uso-medicinal-de-la-marihuana/pGXoeg!y6mW8jw4n1fg/

Auditoría federal refleja dejadez con reforma de salud

Un informe del Medicaid Integrity Group (MIG), entidad adscrita a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), demostró que la Administración de Seguros de Salud (ASES) carece de métodos de supervisión, y que prácticamente delegaron en dos aseguradoras el manejo del Plan de Salud del Gobierno (PSG) las tareas de identificar, investigar y referir los posibles casos de fraude y abuso. 

El informe divulgado en enero 2012 también destaca el hecho de que estas entidades tampoco le consultaron a la agencia sobre ninguno de los casos identificados y no siempre hacían los referidos a las autoridades pertinentes. En resumen, el estudio arrojó que la Isla había incumplido con seis áreas de las regulaciones federales y señalaron ocho vulnerabilidades en la operación del Programa.

Desde el 2006, el gobierno federal recrudeció sus estrategias para combatir el fraude cometido por los proveedores y atacar el despilfarro de fondos dentro del programa Medicaid, y Puerto Rico no ha estado exento de señalamientos. Además, a finales de 2014, el Departamento de Salud federal, advirtió que aunque no se ha incurrido en gastos indebidos los fondos del “Affordable Care Act” (ACA) pudieran agotarse antes de 2019, por lo que cualquier renovación tendrá que pasar por el cedazo del Congreso.

“Como parte del plan de acción correctiva en respuesta a la auditoría de 2008, la ASES desarrolló un conjunto de normas de política para todos los contratistas de cuidado administrado, que se les ha expedido en un documento denominado  como Lineamientos para la Elaboración del Plan de Integridad del Programa (PIP) e incluyó el documento como una modificación de los contratos de 2009”, se detalla en el informe.

Al mismo tiempo, agregaron que durante la visita del equipo de MIG se detectó que la ASES no tenía establecido mecanismos para determinar si los planes habían aplicado efectivamente el PIP.

Durante el periodo de la auditoría, habían 17,701 proveedores en la red de las dos entidades que manejaban las regiones de Mi Salud: Humana y MCS. Esta fue llevada a cabo en diciembre de 2010 e incluyó visitas al Departamento de Salud, la ASES y a las oficinas federales del Departamento de Justicia.

La visita de funcionarios federales ocurrió dos meses después de que MCS comenzara a administrar cinco de las regiones de PSG bajo el modelo de Mi Salud. No obstante, en julio del 2011 la Administración Fortuño anunció la cancelación del contrato a MCS tras varios problemas con los proveedores, y con el propio Gobierno por alegadas deudas y discrepancias con las tarifas.

Tras un proceso de licitación, la ASES seleccionó a Triple-S para remplazar a MCS a partir de noviembre de 2011. Fue en ese proceso donde se cambió el modelo de esas regiones a administrador de terceros (TPA, por sus siglas en inglés) y Triple-S no asumía riesgo. De esta manera la responsabilidad de pagar a los proveedores recaía en la ASES. El  modelo de TPA estuvo vigente hasta este mes de abril cuando se volvió a implantar el modelo de organización para el manejo de cuidado de la salud (MCO, por sus siglas en inglés).

Dos meses después de que concluyera este proceso de transición entre MCS y Triple-S, CMS rindió su informe relacionado a la Oficina de Integridad del Programa de Medicaid.

En el informe también se destaca que ASES no recogía información detallada sobre las relaciones económicas ni transacciones de negocio entre los planes médicos con los manejadores de beneficio de farmacias.

De igual forma, estipuló que no le requerían ni a los planes médicos ni a los manejadores de beneficios de farmacias la divulgación de convicciones criminales relacionadas a los programas de Medicare y Medicaid.

Por otra parte, el informe detalla que “el equipo de revisión identificó ocho áreas de vulnerabilidad en las prácticas de la integridad del programa de Puerto Rico. Estas eran que había un monitoreo inadecuado en el programa de integridad en el programa de manejo de cuidado, así como que no se recogen las divulgaciones requeridas o informe de las acciones adversas tomadas contra los proveedores de la red de atención médica administrada. Que el Gobierno no requiere a los planes recoger información de los empleados en el formulación de acreditación de proveedores de la red, ni les requiere realizar comprobaciones de exclusión completa, ni realiza verificaciones de servicio de los beneficiarios en el programa de atención médica administrada”.

El documento también indicó a la oficina de Medicaid del Departamento de Salud y a la ASES que examinaran los hallazgos y le rindieran un plan de acción correctiva a la agencia federal. Cinco meses después de la publicación del informe, ambas entidades le dijeron a CMS que tenían implantado una Unidad de Lucha contra el Fraude de Medicaid, que se centra en los fraudes relacionados a la elegibilidad de los beneficiarios. Además, que utilizaban el Sistema de Información de Informes de Asistencia Pública (PAIS, por sus siglas en inglés) para rastrear elegibilidades duplicadas y verificar datos en las solicitudes de los beneficiarios. Agregaron que  trabajaban con un sistema que pudiera cruzar datos resguardados por distintas entidades gubernamentales, y que hacían gestiones para crear una Unidad de Control de Fraude de Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés).

La ASES no contestó una petición cursada por este diario para conocer otras medidas correctivas implantadas por la agencia para atender las deficiencias.

Mientras, el Departamento de Justicia (DJ) informó que no existía un protocolo particular con la ASES para atender referidos de la agencia o de las aseguradoras. Detallaron que esperan que cuando se detectan irregularidades, ya sea por ASES, las aseguradoras, auditores internos o la Oficina del Contralor, se haga los referidos pertinentes al DJ, que son atendidos por la División de Delitos Económicos y la Oficina de Asunto del Contralor. Siendo así, de haber algún señalamiento por parte del gobierno federal sobre la falta de protocolos sobre el fraude, es un asunto que atañe a la ASES.  

http://www.noticel.com/noticia/174890/auditoria-federal-refleja-dejadez-con-reforma-de-salud.html