Monday, April 15, 2013

Advierten sobre incumplimiento de ley que pone en riesgo salud de niños


La presidenta del Colegio de Optómetras de Puerto Rico denunció que hay planes médicos que no facilitan la opción de los ciudadanos a recibir atención de los optómetras

 
Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com
Los riesgos que implican la negación de referidos a los optómetras y el incumplimiento de la ley que obliga a someter a los niños a exámenes visuales antes del inicio de cada año escolar fueron señalados hoy, domingo, por expertos que firmaron un acuerdo con la Oficina del Procurador de la Salud para fometar mayor protección de los derechos de los pacientes en Puerto Rico.
Después de endosar el acuerdo, la presidenta del Colegio de Optómetras de Puerto Rico, Celia Feliciano, denunció que hay planes médicos que no facilitan la opción de los ciudadanos a recibir atención de los optómetras y mencionó que la situación ha ocurrido, entre otros, con el plan gubernamental Mi Salud.
"Si el plan de salud provee cobertura para el optómetra, el paciente tiene derecho a seleccionar (ese especialista), pero algunos planes no les dan la opción", lamentó Feliciano, al admitir que se han dado situaciones en las que el proveedor primario incluso "le niega el referido".
Feliciano dijo, a preguntas de este medio, que por eso es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y hagan reclamaciones formales para combatir los reparos a referir a los optómetras.
Privar de un examen del optómetra a tiempo puede exponer a una persona a condiciones graves que en algunos casos suponen la pérdida de la visión, sostuvo Feliciano, acompañada por el procurador de la Salud, Carlos Mellado, quien subrayó que no puede haber razón económica o de otra índole para limitar referidos a estos especialistas.
Mellado dijo que por eso es importante el acuerdo con el Colegio de Optómetras y su oficina ya que supone orientar a los médicos y a los pacientes para que denuncien si se les niegan esos referidos. Recordó que en los pasados dos años su oficina ha impuesto multas por $50,000 contra entidades de salud y galenos que han frenado el acceso a especialistas, a medicamentos o a cirugías.
Durante una conferencia de prensa para anunciar diversas actividades con motivo de la Semana del Optómetra y la Salud Ocular, que se prolonga hasta el 21 de abril, Feliciano también dijo que es "ley muerta" el estatuto que hizo compulsorio un examen visual comprensivo para todos los niños, antes de iniciar cada año escolar.
El señalamiento inicial al respecto fue hecho por los doctores Carlos Santiago y Andrés Pagán, quienes advirtieron sobre el riesgo de rezago académico desde los primeros años escolares para miles de niños que no son sometidos a ese importante examen médico.
Se refirieron a la Ley 296 de 2000, según enmendada, cuyo cumplimiento corresponde tanto a los padres o tutores de los niños como a las autoridades escolares del sistema público de enseñanza y de los colegios privados, según reconocieron los directivos del Colegio de Optómetras, que prometieron insertar copia del estatuto en su página electrónica para procurar que los ciudadanos se documenten sobre el alcance de esta disposición legal.
En esa página, los doctores indicaron que tienen una lista de los 500 optómetras disponibles en el país, así como información de las actividades de su semana, que incluye clínicas gratuitas de salud visual en Plaza Las Américas y el Simposio Optometría Médica del Siglo XXI, con la participación de expertos locales e internacionales.
Como parte del acuerdo con la Oficina del Procurador de la Salud, se informó que se establecerá un programa de asesoramiento y adiestramiento con el fin de que los optómetras "puedan identificar las posibles violaciones a los derechos de los pacientes y puedan promover la debida canalización de querellas".
Los optómetras, además, enumeraron condiciones de riesgo para niños y adultos, como el keratocono, una degeneración de la cornea, como una protuberancia en forma de cono, que en el caso de infantes puede propiciar graves trastornos. Para detectarla y tratarla a tiempo es importante, según insistieron, procurar exámenes de la vista "desde los seis meses de nacido".
También, aludieron al glaucoma, asociado a un grupo de trastornos que afectan el nervio óptico y se considera "el ladrón silencioso de la visión", así como a la degeneración macular, que afecta mayormente a personas de 55 años en adelante, que es la población de más crecimiento en Puerto Rico, según datos del censo federal más reciente.

Hospitales reclaman participación para crear el nuevo modelo de salud

13 de abril de 2013

3:56 p.m.
 

 Piden a García Padilla que los incluya en la preparación del Sistema Universal de Salud

Por ELNUEVODIA.COM
La Asociación de Hospitales de Puerto Rico le solicitó hoy al gobernador Alejandro García Padilla que los incluya en la preparación del Sistema Universal de Salud que se propone implementar en la Isla. 
En una carta enviada al Gobernador, el presidente ejecutivo de la Asociación, Jaime Plá Cortés, aseguró que la participación ciudadana es importante. Sin embargo, destacó que cualquier entidad que desarrolle dicho sistema de salud debe contar con la participación de los profesionales de los hospitales, su preparación y experiencia para lograr un proyecto de calidad que cumpla con todos los requisitos en ley y estándares de la industria.
"La Asociación de Hospitales reclama participación directa en el Grupo de Trabajo que se establezca para trabajar con el nuevo modelo, ya que todo sistema de salud gira en torno a los hospitales. Los hospitales son los centros de la salud de nuestro Pueblo. Estamos en la mejor disposición de colaborar con el gobernador García Padilla y con el Secretario de Salud en esta iniciativa vital para el futuro de nuestro país", indicó Plá Cortés en comunicado de prensa.
El reclamo surge tras la publicación del editorial de El Nuevo Día de hoy, aparece sobre el sistema de salud, en el que se indica que hay un “compromiso expresado por el Ejecutivo de encaminar la reclamada creación de un comité multisectorial, cuyos nombramientos se hagan en consulta con la propia ciudadanía”.

Derechos humanos y democracia


12 de abril de 2013

por-HIRAM LOZADA


El Nuevo Dia- San Juan

Los derechos humanos no deben responder al favor o al rechazo de las mayorías, ni su vigencia o necesidad puede variar a tenor con encuestas de opinión pública. La igualdad ante la ley, el derecho de las minorías o el respeto a las libertades del individuo son derechos inalienables, es decir, que son propios e inherentes del ser humano. No son meras opciones políticas. Son derechos universales.

Una sociedad que se resiste a reconocer derechos de igualdad a las minorías o admita violaciones a la dignidad del ser humano, es una sociedad infantil o enferma, cobarde o ignorante, o todas esas características juntas. Una encuesta puede revelar que la mayoría del país rechaza el matrimonio entre parejas del mismo sexo o que niega derechos de igualdad a la comunidad homosexual y lesbiana, pero eso no puede impedir su reconocimiento y aprobación por los gobernantes.

Lo dicho invita a la reflexión sobre la definición, alcances y límites de la democracia, como sistema político. La democracia descansa básicamente sobre la regla de la mayoría. Las mayorías eligen, mediante procesos electorales, a sus gobernantes. El voto de la mayoría, aun el de la mínima mayoría, otorga legitimidad al gobernante. Uno puede cuestionar la sabiduría política de las mayorías, incluso puede estar uno reñido y molesto con las prácticas partidistas en la selección dudosa y cuestionable de los candidatos, pero a la larga la democracia se considera el mejor de los sistemas posibles.

Ahora, una vez electo el presidente, el gobernador o el legislador, se altera la relación entre el gobernante y los gobernados. Entonces lo que prevalece no es la voluntad de las mayorías, sino el imperio de la ley. Cuando el presidente de Estados Unidos decide usar las fuerzas militares contra un país, no tiene que auscultar la opinión pública. Responde a los poderes enormes que le concede la constitución federal.

Asimismo, cuando el gobernador y la Rama Legislativa de Puerto Rico deciden alterar el sistema de retiro de los empleados públicos o imponer nuevas contribuciones o aprobar leyes que provocan despidos masivos, no convocan elecciones especiales para aprobar o rechazar sus decisiones. Suponen que sus medidas amargas responden al bienestar público. Ahora, si un gobernante puede tomar decisiones impopulares sobre la guerra, las contribuciones y los fondos públicos, ¿por qué tiene que considerar la opinión popular para negarle derechos a las minorías?

De una forma u otra, los gobernantes prefieren tomar decisiones simpáticas a las mayorías. Pero cuando se trata de derechos humanos, el legislador debe responder a los reclamos constitucionales de la dignidad del ser humano. Entonces, debe descartar el sectarismo, los dogmas fundamentalistas, la intolerancia, el miedo y el oportunismo. Para eso son electos.


http://www.elnuevodia.com/voz-derechoshumanosydemocracia-1488734.html