ASES en el risco pide mucho más que préstamos ilimitados al Senado

Ely Acevedo Denis

 04/06/2015 04:59 am

Ante el difícil cuadro fiscal de la agencia, el director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera, solicitó al Senado dar paso a varias medidas en adición a aprobar el presupuesto recomendado de $2,823 millones y permitir obtener un financiamiento sin tope, tales como limitar la elegibilidad de empleados públicos al Plan de Salud del Gobierno (PSG) así como el derecho de ciertos municipios a negociar sus aportaciones.

Entre los empleados que ASES excluiría de Mi Salud se encuentran los policías, quienes a cambio podrían optar por los planes ofrecidos bajo la Ley 95 con un aumento en la aportación patronal de $200 mensuales, así como a los trabajadores públicos que no son médico-indigentes. En cuanto a los municipios, excluiría a aquellos que tienen facilidades de salud obtenidas del Gobierno Central.

Otra de las medidas recomendadas es que se enmiende la Ley 72 de 1993 para que se clarifique que el presupuesto base para las aportaciones de los municipios al PSG es la del año 2004-2005.

De acuerdo a Rivera, la cantidad de empleados públicos que se acogen a Mi Salud no llega ni a 1,000 personas, "pero la cantidad de esfuerzo organizacional, de estructura que hay que invertir para hacer eso viable, es idénticamente igual como si se acogieran 100,000 personas. Y para lo que se recibe, no vale la pena invertir tanto dinero en la estructura”.

“Si no tomamos acción, la situación de ASES va a deteriorarse”, sentenció Rivera durante una vista pública de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado. 

El presidente de la Comisión, José Rafael Nadal Power, le aseguró que dicho cuerpo legislativo va a atender de forma rápida el Proyecto de la Cámara 2501. Esta medida permitiría a ASES acceder a un préstamo, emisión de bono o línea de crédito sin el tope de $187 millones dispuesto en la Ley 173 de 2010.

Rivera, explicó a NotiCel que la idea es tener flexibilidad antes de que culmine el proceso de negociación con los inversionistas, quienes le han ofrecido otro tipo de financiamiento por $150 millones en vez de una línea de crédito rotativa. Este financiamiento sería por un año con opción a renovar a una tasa entre 9% a 11%.

De acuerdo a Rivera, aunque esta transacción es distinta a la que habían solicitado a los inversionistas y a la que hasta el pasado marzo estuvieron utilizando a  través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), su objetivo es que dicho financiamiento se estructure internamente como una línea de crédito en la que se depositan los fondos en una cuenta que luego se giran para el pago de las primas.

Abundó que de los $150 millones que se obtengan, $100 millones son para sufragar gastos mensuales y los restantes $50 millones para abonar a la deuda de $200 millones que tiene con los proveedores al 31 de marzo de 2015.

Abordado sobre si cree favorable que la ASES incurra en una obligación por un financiamiento a corto plazo a un interés tan alto, el funcionario manifestó que “obviamente uno aspira a tener el interés más bajo posible Sin embargo, dentro de las circunstancias de todo el ruido y la situación fiscal, el ‘grading’ (clasificación) de nuestros bonos está ya en chatarra, pues un 9% y 11% es bastante bueno dentro de las circunstancias en que vivimos. Si fueran otras, si hiciéramos esa pregunta 3 años atrás, pues eso sería un escándalo, porque años atrás era 7% y 8% lo que el mercado daba”.

Aunque la medida le permitiría obtener un préstamo o emisión de bono a la par de una línea de crédito, Rivera, aseguró que es algo que ve poco probable que ocurra. Pero, indicó que el proyecto “le permite (a la ASES) tener cualquier mecanismo financiero que le ayude en su operación. No necesariamente los dos a la vez, porque acuérdate que esto está altamente atado con las exigencias de los inversionistas y los que te prestan, y ellos siempre van a estar tratando de buscar que sea lo menor posible (la deuda), para ellos garantizar el retorno de lo que ellos te prestaron. Así que yo no creo que dé para las dos cosas”.

Al cuestionarle cuál sería la garantía de repago, Rivera indicó que los inversionistas le han estado pidiendo que sea a través del gobierno federal, algo que “no va a pasar”. Se habló también de que la garantía la dé el BGF, pero el funcionario está intentando negociar otras opciones como, las cuentas por cobrar de la ASES que ascienden entre $120 millones a $130 millones, o propiedades del Gobierno que se puedan poner como colateral.

En otros aspectos, Rivera, sostuvo durante la vista pública  que con el cambio de modelo a uno de organización de manejo de cuidado de la salud, implementado el pasado enero, y con el incremento de beneficios en la cubierta de Mi Salud, los gastos han subido.

Según el funcionario, al negociarse una prima mayor con las cinco aseguradoras, se creó un déficit de unos $115 millones, que se logró eliminar con medidas para contener costos, las auditorias de las aseguradoras, negociando contratos con la industria farmacéutica, entre otras iniciativas.

Sin embargo, dijo que el pasado marzo con la incertidumbre que surgió por la situación fiscal de la ASES, los gastos por utilización médica alcanzaron los $300 millones, lo que representó un alza de unos $80 millones. Esto provocó un déficit de $50 millones para el 30 de junio de 2015.

También en marzo surgió la falta de pago a los proveedores, cuya deuda asciende a $200 millones, de los cuales $121 millones son por reclamaciones a servicios médicos, $29 millones por reclamaciones de las farmacias, $50 millones por los pagos de administración y de prima a Triple S, APS, MC-21 y Abarca.

“Esta deuda se paga poco a poco con el dinero que sobra del pago de la prima (a las aseguradoras)”, al parear los fondos federales con los estatales, apuntó. Para saldar la deuda con los proveedores, sin contar con una línea de crédito u alguna otra opción de financiamiento, Rivera dijo que se demoraría un año.

De otro lado, las cuentas por cobrar ascienden a más de $120 millones, de los cuales $48 millones son deuda de los municipios por las aportaciones patronales, $75 millones son otra deuda de los municipios por las aportaciones establecidas en la Ley Orgánica de la ASES, y $6 millones es la deuda de las agencias por la Ley 70 y los servicios a mujeres embarazadas que dispuso la Orden Ejecutiva 2012-53.

“Si yo no tuviera estas cuentas por cobrar, no estaríamos hablando ni de línea de crédito ni de financiamiento, pues tendría $200 millones”, puntualizó Rivera. 

http://www.noticel.com/noticia/176514/ases-en-el-risco-pide-mucho-mas-que-prestamos-ilimitados-al-senado.html

Embrolle de Salud no permite allegar fondos federales

CyberNews

 03/06/2015 05:18 pm

La secretaria del Departamento de Salud Ana Ríus, defendió el miércoles, la recomendación presupuestaria asignada a la agencia por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el año fiscal 2015-2016 que asciende a 739,134,000 dólares.

Durante la discusión del presupuesto, Ríus alertó, sin embargo, sobre la ausencia del pareo de fondos federales desde el 2011.

La Secretaria explicó que a partir del 2011, Hacienda usó el dinero que antes se destinaba a parear fondos federales para el Departamento de Salud, para cubrir la nómina del Programa de Asistencia Médica, que tiene una oficina en cada municipio y se ocupan de cualificar a los que solicitan entrar al Plan de Salud del Gobierno (PSG).

“Esos 50 Centros 330 se dejan llevar por unas guías de salud donde a cada paciente trimestralmente hay que hacerle un examen físico que incluye una serie de parámetros y ellos le ponen un valor que oscila, en estos momentos, entre los 100 y 130 dólares. La reforma paga entre 20 a 25 dólares por esa visita. La diferencia entre lo que paga la Reforma y lo que cuesta en realidad la visita lo tiene que cubrir el gobierno estatal. Una vez pagado ese dinero a los Centros 330, el gobierno federal nos reembolsa una cantidad pero es mucho más pequeña de lo que estamos pagando y eso es lo que estábamos usando para parear los fondos de Medicare” dijo Ríus en un comunicado de prensa.

La funcionaria admitió que para el próximo año fiscal no hay fondos identificados para parear fondos federales adicionales.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas José Nadal Power, cuestionó hasta qué punto este sistema es sostenible. "Eso es revelador porque tenemos tres estructuras paralelas, está ASES que se supone que trabaje con proveedores privados que incluyen los Centros 330, pero entonces estos centros son subsidiados por el Departamento de Salud y también tenemos la estructura de los Centros de Diagnostico y Tratamiento (CDT)”.

En tanto el presidente del Senado, Eduardo Bhatia recalcó que con la situación económica existente la duplicidad en el gobierno debe culminar.

"Eso se tiene que acabar, no podemos duplicar esfuerzos si no tenemos el dinero y mucho menos triplicar los esfuerzos. Me parece que es terrible. Lo que estamos tratando de buscar precisamente es cómo nosotros al final del día podemos sufragar el presupuesto. Es lo que hablábamos ayer con la Policía municipal y la Policía estatal. No hace sentido seguir cobrándole a los ciudadanos más impuestos por servicios duplicados", declaró Bhatia.

Ríus explicó que en Puerto Rico tenemos “sistema de prestación de servicios y no un sistema de salud”.

La funcionaria planteó que a donde debemos dirigirnos es a crear un mejor sistema de salud donde la salud primaria y de prevención tenga preponderancia. Para ello, hay que trabajar las cuatro condiciones que consumen un 85 por ciento de la prestación de servicios sin considerar la parte mental.

"Ahí es donde está el ahorro, yo cojo la hipertensión, la diabetes, el asma y el sobre peso, si atacamos a nivel primario y le proveemos a esos centros de salud la receta de cocina que llamamos algoritmo, de cómo tratar cada condición, nosotros ahorramos en gastos de medicamentos, visitas innecesarias a salas de emergencias y gastos de hospitalización", dijo Ríus.

El presupuesto del Departamento de Salud, se desglosa de la siguiente manera, 209,093,000 dólares provenientes de fondos estatales, 379,766,000 dólares de fondos federales, 20,973,000 dólares de asignaciones especiales, 12,328,000 dólares de fondos especiales estatales y 116,974,000 dólares de ingresos propios, ésta última puesto que el Departamento de Salud ha aumentado la facturación.

Otro de los deponentes fue el director Ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Irving Jiménez, con un presupuesto recomendado para el 2015-2016 de 228,286,000 dólares. Los recursos incluyen 27,886,000 dólares provenientes de asignaciones especiales y 200,400,000 dólares de ingresos propios, cifra que representa una disminución de $19.5 millones en comparación con el presupuesto actual.

Jiménez aceptó que este año, la ASEM culmina con pérdidas de aproximadamente 50 millones de dólares, cantidad que no contempla deudas de años anteriores. “Desde que se estableció la Reforma de Salud en los años 90, donde ASEM dejó de facturar a las instituciones y a cambio facturar a los planes médicos; la agencia opera bajo un déficit según los estados financieros de aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares anuales”.

A su vez, la licenciada Carmen Graulau Serrano, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), presentó un presupuesto recomendado de 75,899,000 dólares.

Sobre la posible consolidación de ASSMCA con el Departamento de Salud, Graulau indicó que, "(la) fusión debe ser transparente para nuestros pacientes” debido a que la mayor parte de los servicios se ofrecen con fondos federales. Por su parte, Ríus señaló que la consolidación "está en pañales”. “Esto puede ser algo posible, todo cambio, toda fusión puede ser una oportunidad para mejorar. Se esperan economía entre 7 y 11 millones de dólares”, indicó. 

Por otro lado, la directora ejecutiva de Emergencias Médicas, la Dra. Rosana Otaño López, habló sobre el presupuesto recomendado a su agencia que asciende a 35,909,000 dólares, que incluyen 22,680,000 dólares del presupuesto general y 9,814,000 dólares de fondos especiales estatales y 3,415,000 dólares de otros ingresos.

Emergencias Médicas logró una reducción de gastos de 50 por ciento, en su mayoría por el pago de horas extras. Ante preguntas del senador Luis Daniel Rivera Filomeno, Otaño López que en su agencia se hizo “un ejercicio para que las horas extras se eviten, cada cual cubre su turno”. “Para el próximo año continuaremos con el mismo funcionamiento”, puntualizó.

Finalmente, la directora ejecutiva de la Corporación del Centro Cardiovascular, Waleska Crespo, presentó su presupuesto ascendente a 85,875,000 dólares, que proviene totalmente de ingresos propios.

“Para el año 2015-2016 se refleja un aumento de 4 por ciento en gastos de nómina y beneficios marginales porque se está considerando la posible creación de puestos relacionados al desarrollo del Primer Programa de Rehabilitación Cardiovascular en Puerto Rico y un Departamento de Investigación Clínica. Ambas iniciativas son estrategia para generar nuevas fuentes de ingresos para la Corporación” mencionó.

Sobre la necesidad de adquirir un edificio Crespo, informó, aunque era parte del plan estratégico, en estos momentos no tienen identificado ningún posible comprador.

http://www.noticel.com/noticia/176510/embrolle-de-salud-no-permite-allegar-fondos-federales.html

Hogar Crea acepta señalamientos sobre su sistema de tratamiento

Programas de tratamiento a personas con adicción a drogas o alcohol certificados por ASSMCA, operan con licencias expiradas desde antes de 2011. Más del 90% son manejados por entidades sin fines de lucro de base de fe y algunos carecen de base científica. En el caso de Hogar Crea y otros centros religiosos de rehabilitación, el castigo y la humillación son las herramientas principales de ‘tratamiento’, consigna un nuevo estudio. Los dirigentes de Crea no ven fallas en su programa, que incluye confrontación, trabajo sin paga e ingreso bajo coerción.

por JOEL CINTRÓN ARBASETTI | 19 de mayo 2015

Participante de Hogar CREA vende un bizcocho en un semáforo del área metropolitana. Foto del informe 'Humillación y abusos en centros de "tratamiento" para uso de drogas en Puerto Rico'.

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http://periodismoinvestigativo.com/2015/05/hogar-crea-acepta-senalamientos-sobre-su-sistema-de-tratamiento/

At Last, Gold-Standard Evidence Backs Early Treatment of HIV - by Benjamin Ryan

Top Stories : At Last, Gold-Standard Evidence Backs Early Treatment of HIV - by Benjamin Ryan

by Benjamin Ryan

The hotly anticipated START trial, designed to answer whether starting HIV treatment at a high CD4 count is preferable to delaying, has been halted more than a year early due to powerful evidence supporting early treatment.

For the first time, a major clinical trial has found that beginning antiretrovirals (ARVs) soon after HIV diagnosis reduces the risk of sickness and death when compared with delaying treatment until CD4 levels drop considerably. Until now, only substandard research has supported U.S. health officials’ recommendation for immediate and universal HIV treatment.

Anthony S. Fauci, MD, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), which was the primary backer of the study, told reporters in a May 27 teleconference that the study findings mean that people with HIV will benefit from ARVs regardless of their CD4 level.

These health benefits, Fauci said, “are another reason why we should be more aggressive seeking out voluntary [HIV] testing, linking to care and putting people on treatment.”

James D. Neaton, PhD, a professor of biostatistics at the University of Minnesota and the lead investigator of the trial, said in the teleconference that he and his colleagues’ research offers a “comprehensive assessment of benefits and risk” that is not limited simply to AIDS diagnoses. “Early treatment essentially wins on almost every assessment we looked at,” he said.

The study’s findings finally sync up the dual role that antiretrovirals (ARV) have come to play in the fight against HIV: as lifesaving medications for people living with the virus, and as prevention against its transmission. In 2011, data from the HPTN 052 trial demonstrated that treatment lowers HIV-positive people’s chances of passing on the virus by 96 percent. That study was a randomized controlled trial (RCT), considered the gold standard of scientific research. No such high level of proof has existed to support starting HIV treatment early, specifically with CD4s higher than 500; RCT data has only backed starting ARVs once CD4s drop below 350. This deficit of scientific evidence has left some in the HIV community wary that the medical autonomy of people with HIV may be harmfully subverted to the larger public health goal of reducing transmission.

Fauci noted that “there is at least a portion” of HIV medical providers who have been hesitant to prescribe early treatment to their patients because of their concerns over lacking proof that doing so was both beneficial and not harmful. “Those two important questions are answered now,” he said. “I think this will sway a considerable number of people to start [treatment] at any CD4 count.”

A fresh START

Known as the Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment, or START, this new, landmark RCT included 4,685 treatment-naive HIV-positive men and women who began the trial with a CD4 count above 500, no symptoms of the virus, and who were not pregnant or breastfeeding. About half were randomly assigned to begin treatment immediately; the other half were assigned to wait until their CD4s dropped to 350 or below, until they developed AIDS other serious illnesses, or until they met qualifications for starting treatment according to local guidelines, such as by becoming pregnant.

START was conducted by the International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT) and primarily supported by $167 million in funding from the U.S. National Institutes of Health and the NIAID, which is a division of the NIH. The trial began enrollment in 2011 and operated at 215 sites in 35 countries. It was intended to run under its initial protocol until the end of 2016. But the study’s independent data safety monitoring board conducted an interim analysis based on March 2015 data and found that evidence supporting the benefits of early treatment was already very strong. Consequently, the board recommended that everyone in the trial be informed of the results and offered immediate treatment. The participants will still be monitored through 2016.

Twenty-seven percent of the study participants were women. Fifty-five percent of the participants were men who contracted HIV from sex with another man, 38 percent acquired the virus from heterosexual sex, and 1 percent did so from injection drug use. The median age of the study members was 36.


Public health experts believe the study findings are widely applicable to HIV-positive people worldwide, thanks to the international distribution of the study sites. Thirty-three percent of the participants lived in Europe, 25 percent in South America, 21 percent in Africa, 11 percent in North America, 8 percent in Asia and 2 percent in Australia.

The participants began the trial a median of one year after being diagnosed with HIV and with a median CD4 count of 650. The members of the immediate treatment arm went on ARVs at that point. Almost half of the deferred group eventually started treatment, with an average of about 400 CD4s. 


The main reason those in the deferred group started treatment was because they fell below the 350 CD4 threshold. Some developed AIDS-defining illnesses, others became pregnant, and some became nervous when their viral load rose or their CD4 level dropped considerably, although not yet to 350, and asked to start treatment.

The study design did allow for those in the deferred group to go on ARVs whenever they chose, regardless of the reason. Emailing POZ/AIDSmeds, Neaton said that, in an effort to minimize such “deviations from protocol,” the INSIGHT team “encouraged site investigators to adhere to the protocol,” providing them with data on the importance of answering the outstanding question about whether early treatment is ideal. “The investigators in turn routinely discussed this with their study participants,” Neaton said.

The participants were followed for an average of around three years, contributing about 7,000 person-years of follow-up in each group. (Person-years represent the cumulative number of years participants spend in a study. So if 10 people each spend five years in a study and one person spends six, that amounts to 56 person-years.) Those in the immediate treatment arm spent about 95 percent of those person-years taking ARVs, while the deferred group spent a cumulative 25 to 30 percent of the study’s follow-up time on treatment.

Those in the immediate treatment arm experienced 41 instances of AIDS diagnoses, serious non-AIDS illnesses (including a major cardiovascular problem, kidney and liver disease, and cancer) or death by any cause, compared with 86 instances in the deferred group. This meant that immediately starting treatment reduced the risk of such negative outcomes by 53 percent. The risk reduction was even greater for AIDS diagnoses. 


The benefits of early HIV treatment were consistent across the regions of the study and similar between those in low- and middle-income nations when compared to those in high-income nations.

At this time there is no information available detailing any differences in the development of resistance to ARVs between the two study arms. The START trial investigators are aiming to present more comprehensive information on their findings at the International AIDS Conference in Vancouver, Canada, in late July.

In the START teleconference, James Neaton did disclose that the rate of what are known as grade 4 serious adverse events—severe physical symptoms or conditions that are potentially life-threatening—was similar in the two study groups. (These health matters are separate from the AIDS-defining illnesses the researchers took into account when calculating the 53 percent risk reduction. However, there is some overlap with the non-AIDS health problems, such as heart attack, included in that equation.) Clinical trials of medications examine the incidence of grade 4 events in an attempt to determine if the drugs are causing such harmful effects. This was apparently not the case in START, especially given that those in the immediate treatment group cumulatively spent about four times longer on treatment than those in the deferred arm.

One major point that is likely to get lost beneath the enthusiastic global response to the START trial findings is the fact that the health benefits of early treatment, while substantial in terms of the 53 percent reduction of risk, was quite small in terms of absolute numbers, at least during the three-year follow-up period. Three to four percent of the members of the delayed group and about 1.5 percent of those in the immediate treatment arm developed AIDS, a serious non-AIDS illness, or died.

The study also does not answer skeptics’ questions about the cumulative lifetime effect of taking ARVs, and whether those who go on the medications earlier in the course of HIV disease may suffer negative consequences down the road. Such skepticism is clouded, however, by the fact that early treatment with ARVs may amount to only a few extra years tacked onto potential decades on treatment. On the other hand, if treatment protocols change significantly in the relatively near future, or if a cure for HIV is finally developed, those additional years spent on today’s standard treatments may ultimately prove more significant.

Translating exciting findings into reality
World Health Organization (WHO) officials will take START into account when they meet in June to consider a revision to the agency’s HIV treatment guidelines, with the intention of issuing new recommendations later in the year. Since 2013, WHO has advised starting HIV treatment once CD4s drop below 500, while major European guidelines in particular still put the cut-off at 350. The U.S. Department of Health and Human Services recommends beginning ARVs immediately after diagnosis, regardless of CD4 count. However, the U.S. recommendation to start treatment with CD4s above 500 has only been based on “expert opinion.” START will likely alter that critical nuance.

“The question is, how quickly can we translate guidelines into clinical practice and into public health impact?” Mitchell Warren, executive director of the global HIV advocacy group AVAC, said in an interview.

Data indicates that, among HIV-positive Americans, there is a steady trend toward earlier treatment. In 2006, the median CD4 count upon beginning ARVs was about 300, and today it is the low-to-mid-400 range.

Median CD4 counts upon treatment initiation are also apparently rising in sub-Saharan Africa, although unevenly. When ARVs were first introduced in that part of the world in the early 2000s, the median CD4 at treatment start was just 50, and rose to about 150 by 2006 to 2007. In Rwanda, the figure went up from about 180 in 2009 to nearly 300 in 2011 to 2012. In 19 sub-Saharan African nations, the CD4 median for those going on ARVs was greater than 200 in 17 countries and more than 250 in 9 nations, while in two others it topped 300.

A major question in the developing world is whether there are enough resources to offer universal treatment. At this time, the answer appears to be a resounding “no.” Of the estimated 31.8 million adults living with HIV worldwide, only about 38 percent are receiving treatment. The United Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) estimates that reaching targets from rapid HIV treatment scale-up—more than doubling the number of people treated—in low- and lower-middle-income nations will require $18.4 billion in forgeign investment in 2020. Current international funding stands at about $8 billion. Both the Global Fund and the United States’ efforts to provide HIV treatment in poorer nations have seen relative flat funding throughout the decade.

Treatment figures are similarly grim domestically: Out of an estimated 1.2 million HIV-positive Americans, 37 percent are taking ARVs and 30 percent have a fully suppressed viral load.

Tim Horn, HIV project director at Treatment Action Group, noted in an interview that, in the United States, “issues like undiagnosed and untreated mental illness, active substance use, unstable housing, and poor access to support services are frequently cited barriers to both HIV care and treatment.”

Some HIV advocates have expressed concern that enthusiasm over the START trial results could wind up effectively steamrolling some HIV-positive people’s right to choose when to start treatment, and that eager prescribers and public health officials may overlook the byzantine structural challenges standing in the way of universal treatment.

Warren, for one, was quick to stress that people with HIV should be “offered” as opposed to “put on” treatment.

START, according to longtime treatment activist David Barr, “tells us about the biological effects of treatment. But it doesn’t tell us anything about patient readiness. Foisting treatment upon people who are not ready to commit to it is likely to result in poor adherence.”

Joel Gallant, MD, associate medical director of specialty services at Southwest CARE Center in Santa Fe, New Mexico, argued that concerns about overzealous HIV physicians prescribing immediate HIV treatment regardless of patient readiness are “far-fetched.” At least according to his observations of his colleagues’ attitudes and prescribing patterns, the U.S. guidelines’ recommendation of universal treatment has not had such an effect.

“Most HIV clinicians know that [ARV treatment] is rarely an emergency and that treatment can usually be deferred until the patient is ready,” Gallant said.


Editor's note: a previous version of this article misstated the current amount of international funding for HIV treatment in lower- and lower-middle-income nations. The correct figure is an approxmiate $8 billion, rather than $6.3 billion as previously stated.