12 de abril de 2013
por-HIRAM LOZADA
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El Nuevo Dia- San Juan
Los derechos humanos no deben responder al favor o al rechazo de las mayorías, ni su vigencia o necesidad puede variar a tenor con encuestas de opinión pública. La igualdad ante la ley, el derecho de las minorías o el respeto a las libertades del individuo son derechos inalienables, es decir, que son propios e inherentes del ser humano. No son meras opciones políticas. Son derechos universales.
Una sociedad que se resiste a reconocer derechos de igualdad a las minorías o admita violaciones a la dignidad del ser humano, es una sociedad infantil o enferma, cobarde o ignorante, o todas esas características juntas. Una encuesta puede revelar que la mayoría del país rechaza el matrimonio entre parejas del mismo sexo o que niega derechos de igualdad a la comunidad homosexual y lesbiana, pero eso no puede impedir su reconocimiento y aprobación por los gobernantes.
Lo dicho invita a la reflexión sobre la definición, alcances y límites de la democracia, como sistema político. La democracia descansa básicamente sobre la regla de la mayoría. Las mayorías eligen, mediante procesos electorales, a sus gobernantes. El voto de la mayoría, aun el de la mínima mayoría, otorga legitimidad al gobernante. Uno puede cuestionar la sabiduría política de las mayorías, incluso puede estar uno reñido y molesto con las prácticas partidistas en la selección dudosa y cuestionable de los candidatos, pero a la larga la democracia se considera el mejor de los sistemas posibles.
Ahora, una vez electo el presidente, el gobernador o el legislador, se altera la relación entre el gobernante y los gobernados. Entonces lo que prevalece no es la voluntad de las mayorías, sino el imperio de la ley. Cuando el presidente de Estados Unidos decide usar las fuerzas militares contra un país, no tiene que auscultar la opinión pública. Responde a los poderes enormes que le concede la constitución federal.
Asimismo, cuando el gobernador y la Rama Legislativa de Puerto Rico deciden alterar el sistema de retiro de los empleados públicos o imponer nuevas contribuciones o aprobar leyes que provocan despidos masivos, no convocan elecciones especiales para aprobar o rechazar sus decisiones. Suponen que sus medidas amargas responden al bienestar público. Ahora, si un gobernante puede tomar decisiones impopulares sobre la guerra, las contribuciones y los fondos públicos, ¿por qué tiene que considerar la opinión popular para negarle derechos a las minorías?
De una forma u otra, los gobernantes prefieren tomar decisiones simpáticas a las mayorías. Pero cuando se trata de derechos humanos, el legislador debe responder a los reclamos constitucionales de la dignidad del ser humano. Entonces, debe descartar el sectarismo, los dogmas fundamentalistas, la intolerancia, el miedo y el oportunismo. Para eso son electos.
Una sociedad que se resiste a reconocer derechos de igualdad a las minorías o admita violaciones a la dignidad del ser humano, es una sociedad infantil o enferma, cobarde o ignorante, o todas esas características juntas. Una encuesta puede revelar que la mayoría del país rechaza el matrimonio entre parejas del mismo sexo o que niega derechos de igualdad a la comunidad homosexual y lesbiana, pero eso no puede impedir su reconocimiento y aprobación por los gobernantes.
Lo dicho invita a la reflexión sobre la definición, alcances y límites de la democracia, como sistema político. La democracia descansa básicamente sobre la regla de la mayoría. Las mayorías eligen, mediante procesos electorales, a sus gobernantes. El voto de la mayoría, aun el de la mínima mayoría, otorga legitimidad al gobernante. Uno puede cuestionar la sabiduría política de las mayorías, incluso puede estar uno reñido y molesto con las prácticas partidistas en la selección dudosa y cuestionable de los candidatos, pero a la larga la democracia se considera el mejor de los sistemas posibles.
Ahora, una vez electo el presidente, el gobernador o el legislador, se altera la relación entre el gobernante y los gobernados. Entonces lo que prevalece no es la voluntad de las mayorías, sino el imperio de la ley. Cuando el presidente de Estados Unidos decide usar las fuerzas militares contra un país, no tiene que auscultar la opinión pública. Responde a los poderes enormes que le concede la constitución federal.
Asimismo, cuando el gobernador y la Rama Legislativa de Puerto Rico deciden alterar el sistema de retiro de los empleados públicos o imponer nuevas contribuciones o aprobar leyes que provocan despidos masivos, no convocan elecciones especiales para aprobar o rechazar sus decisiones. Suponen que sus medidas amargas responden al bienestar público. Ahora, si un gobernante puede tomar decisiones impopulares sobre la guerra, las contribuciones y los fondos públicos, ¿por qué tiene que considerar la opinión popular para negarle derechos a las minorías?
De una forma u otra, los gobernantes prefieren tomar decisiones simpáticas a las mayorías. Pero cuando se trata de derechos humanos, el legislador debe responder a los reclamos constitucionales de la dignidad del ser humano. Entonces, debe descartar el sectarismo, los dogmas fundamentalistas, la intolerancia, el miedo y el oportunismo. Para eso son electos.
http://www.elnuevodia.com/voz-derechoshumanosydemocracia-1488734.html
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